SIEMPRE NOS QUEDARÁ LA CALLE

Siempre nos quedará la calle

Valentin Clavé-Mercier


En las últimas décadas, el uso y la reivindicación de la noción de derecho a la ciudad se ha disparado en los movimientos sociales de izquierda alrededor del mundo. Hoy en día, incluso la «nueva» izquierda institucional española se apropia el concepto y afirma que lo materializará a través de diversos programas de urbanismo. Lo que parece claro desde ambas posiciones es que se considera un derecho clave para transformar el escenario urbano y la vida que en él se desarrolla.

Pero, como con todo concepto sobreutilizado, perdemos claridad sobre su significado, su alcance y su profundidad. Al fin y al cabo ¿qué es exactamente el derecho a la ciudad? No es tarea fácil adentrarse en su inherente complejidad conceptual, sumada a cincuenta años de desarrollo teórico y político que han dado lugar a numerosas lecturas de ese derecho. Una de las primeras reflexiones amplias y profundizadas sobre la cuestión fue la que hoy en día sigue siendo una referencia en la materia: Le Droit à la Ville de Henri Lefebvre. Publicado en 1968, este libro sigue siendo de actualidad y es una lectura recomendada para quien quiera entender el derecho a la ciudad.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué es el derecho a la ciudad? A primera vista, uno podría pensar que consiste en algún tipo de amparo institucional o reconocimiento legal que asegure a cada individuo un acceso igualitario a los recursos básicos en la ciudad: agua, espacio público, transporte público, vivienda… Sin embargo es mucho más que un simple reconocimiento institucional. El derecho a la ciudad es un proceso, una lucha que persigue al cambio profundo y radical de la situación urbana actual. Esta condición deplorable que viven nuestras ciudades desde hace décadas es su principal blanco: están cada vez más pensadas, organizadas, construidas, remodeladas, financiadas y vigiladas para fortalecer y extraer todo su potencial económico, comercial y financiero. La búsqueda del beneficio se ha adueñado de nuestros escenarios de vida, relegando al título de insignificante y superfluo el valor de uso que sus habitantes buscan en la cotidianidad urbana.

Un concepto revolucionario donde los haya, pero sin la capa de polvo asfixiante ni la atrofia política que hoy en día parece rodear este adjetivo. Todo lo contrario. El derecho a la ciudad es fundamentalmente dinámico, plural, moldeable, apropiable. Existe y se multiplica bajo la forma de infinitas luchas y prácticas cotidianas, llevadas a cabo por actores múltiples. Si bien pueden parecer muy dispares, en el fondo todas ellas aportan a la inversión de nuestra vida urbana actual, a su transformación y mejora. Además de esta multiplicidad, el derecho a la ciudad (lefebvriano al menos) hace una apuesta clara por volver a situar en la centralidad urbana una serie de actividades y actitudes marginalizadas o comercializadas a ultranza: lo lúdico, el arte, la creatividad, el imaginario, el deseo… Es a través de todas estas herramientas, desarrolladas en colectivo, que el derecho a la ciudad nos invita a repensar y transformar la ciudad, a reapropiárnosla para volver a definirla en base al encuentro y a lo social frente al intercambio y a lo económico.

Pero, ¿quiénes somos ese «nosotros» que vamos a recuperar la ciudad y a volver a definirla para encontrarnos? Aquí también el derecho a la ciudad huye de rigideces ideológicas sin dejar de ser profundamente revolucionario. Que lo llames «clase trabajadora», «los de abajo», «pueblo», «proletariado» o «99%», a él le da igual[i]. Lo único que tiene claro es que su lucha es la de la gente que sufre la ciudad tal y como está diseñada, la de la gente que está encarcelada en una cotidianidad urbana que no está pensada para ellos, la de la gente que no tiene los medios para escapar de un entorno que ellos mismos han construido y siguen construyendo pero que está muy lejos de preocuparse por ellos. No tendrán medios para huir de esta cotidianidad aprisionadora pero tienen una herramienta de ruptura disponible: el derecho a la ciudad.

Esta herramienta se desarrolla a través de numerosas actividades en distintas facetas de la geografía urbana, pero este monográfico se interesa por una dimensión espacial concreta, central al derecho a la ciudad: la calle. El espacio público, por su propia naturaleza y los usos que se le han ido atribuyendo, es un escenario de potencial condensación de las luchas propias a la transformación de la ciudad. Por una parte, su aspecto público lo ha convertido en recurso de contestación político-social por excelencia, tanto por reivindicarlo como medio de expresión de la sociedad civil como por la visibilidad que otorga. Sin embargo, frente a ello se ha desarrollado una injerencia por parte del sector privado que busca una transfiguración profunda de la calle para que sirva a sus intereses puramente económicos.

Esta situación parece llegar a su paroxismo con la omnipresencia mundial de políticas neoliberales en las últimas décadas. Desgraciadamente, el Estado y sus representantes participan de esta reconfiguración posicionados (como siempre) más en el bando económico que en el social. A golpe de políticas, leyes y transformaciones materiales, no sólo buscan reducir y controlar la posibilidad de protesta social en el espacio público, sino que también establecen una verdadera alianza público-privada con el objetivo de transformar la ciudad en un producto y de poner sus espacios públicos a producir. Sea como sea, despliegan un auténtico disciplinamiento espacial.

Las calles de ciudades de todo el mundo viven sometidas a estos procesos. La invasión de la publicidad y de la ocupación comercial del suelo público las ha convertido en escaparates productivos. La ciudad entera se vende a las inversiones del mejor postor, promocionada a través de una imagen de marca que tiene que transmitir seguridad, atractivo y beneficio potencial. Esto pasa necesariamente por la intervención en el espacio público para que cumpla estos requisitos del todopoderoso place marketing. Comercialización, ocupación, privatización, segregación, desplazamiento, elitización, «aseptización social», gentrificación… Éstas son sólo algunas de las tendencias resultantes de la actual gestión de nuestras calles y nuestras plazas, de nuestro entorno urbano, de nuestro escenario vital.

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En este contexto, el derecho a la ciudad tiene que ser una herramienta esencial para contrarrestarlas. No es, ni debe ser, una reivindicación exclusiva de los movimientos sociopolíticos organizados. Los centros sociales okupados, los colectivos antigentrificación y los grupos ecologistas (entre otros) avivan y materializan luchas urbanas imprescindibles, pero el derecho a la ciudad pasa también por el despliegue de otra cotidianidad en la ciudad. Nuestras experiencias vitales y actividades diarias en el espacio público, nuestros procesos de apropiación simbólica y física del mismo pueden representar obstáculos reales al modelo de gestión neoliberal y avanzar en la reificación del derecho a la ciudad.

La organización de fiestas vecinales, la defensa de espacios públicos centrales en imaginarios de barrio frente a la privatización, la apropiación de la calle a través del ocio y las actividades culturales no lucrativas, o incluso la reivindicación de un sentido de lugar urbano propio y fundamentalmente social por parte de colectivos marginalizados —como las trabajadoras del sexo, por ejemplo—, son sólo algunas muestras de las facetas cotidianas del derecho a la ciudad. Cómo pensamos y luchamos la ciudad tiene su importancia, pero también cómo la vivimos e imaginamos día a día.

Que el espacio público sea cada vez menos público parece ya una evidencia. Pero también se afronta cada vez más como espacio, y eso tampoco es bueno. El espacio tiene esa carga de neutralidad, de objetividad que lo desliga completamente de los procesos y experiencias vitales que en él se desarrollan, de las personas y colectivos que viven en él, de los vínculos políticos, sociales, culturales o simbólicos que lo hacen central en el imaginario urbano de quienes lo experimentan.

El neoliberalismo y sus políticas acentúan, desvían y utilizan esa concepción del espacio urbano. Opongámosle el derecho a la ciudad para reconvertir nuestras calles en lugares llenos de sentido social, para recuperar nuestras ciudades como territorios sociopolíticos propios y legítimos. En este monográfico veremos lugares de memoria, territorios de empoderamiento feminista o de expresión político-cultural, todos ellos expresiones de la recuperación y redefinición social y cotidiana de nuestras calles, del despliegue —consciente o no— del derecho a la ciudad.

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[i] Pido disculpas por la yuxtaposición conceptual poco ortodoxa. Más de una ideología ha sido conscientemente maltratada en la realización de este artículo.

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