«NO ES UN TEMA LABORAL»: LA DICHOSA FRASE SINDICAL EN LA CORRUPCIÓN DE LA I+D ESPAÑOLA

CUADERNOS ORIENTALES DE RUEDO IBÉRICO

 «NO ES UN TEMA LABORAL»: LA DICHOSA FRASE SINDICAL EN LA CORRUPCIÓN DE LA I+D ESPAÑOLA

Pablo Sánchez León


 

 De José Martínez a mí:

 […] «No es un tema laboral». Cuando me he vuelto a topar con esta dichosa frase, no he podido seguir leyendo tranquilo. Ha sido al hilo de las noticias que vienen apareciendo estos días sobre las irregularidades, y al parecer ilegalidades, que rodean la obtención por Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos en 2011, justo antes de lanzarse a la lucha por el Gobierno regional. 

[…] No he podido evitar que me venga a la cabeza el mensaje que me envió la semana pasada nuestro común colega Aulo Casamenor, que acaba de presentarse a un concurso para cubrir una vacante de ayudante doctor en otra universidad pública española.

[…] La dichosa frase esa aparece en una de las primeras noticias sobre el caso Cifuentes destapado por eldiario.es . No es a cuento de lo del máster por lo que la periodista la incluye en su noticia, sino en referencia a otro culebrón de algo más atrás: cuando al hasta hace poco rector Fernando Suárez le desvelaron  un largo historial como plagiario de obras ajenas para beneficio propio. Al parecer entonces la delegación del sindicato Comisiones Obreras de la Rey Juan Carlos desestimó hacer valoraciones sobre el asunto, despachándolo con la dichosa frase. La noticia de ahora se hace eco de que en cambio las delegaciones del sindicato de otras universidades solicitaron un comunicado sindical de repulsa, pero se toparon con que sus camaradas de la Rey Juan Carlos les espetaban la dichosa frase —«no es un tema laboral»— y la cosa se quedó ahí. Ahora en cambio la Federación de Enseñanza del sindicato, adelantándose a posibles repeticiones locales de la dichosa frase, ha emitido desde más arriba un escueto comunicado en el que reclama a la presidenta y a la universidad que aporten «la documentación “oficial” que justifique el cumplimiento de la legalidad» para evitar mayores daños a la imagen de las universidades públicas.

(…) Sin duda esta es una actitud encomiable, que se suma a las de los miles de ciudadanos quienes a través de una campaña pública han estampado ya su firma exigiendo aclaraciones en este asunto y las responsabilidades judiciales y políticas correspondientes. Sin embargo, la pregunta que deja sobrevolando es qué tiene este caso como para haber motivado la implicación del sindicato que no tuvo en cambio el otro, el de los plagios del rector Suárez; qué tiene, en fin, el affaire Cifuentes de “laboral” o de más laboral frente a otros que han afectado a posibles fraudes cometidos por figuras públicas o académicas.

(…) Mi postura es que ambos dos son igualmente asuntos que afectan a la esfera natural, si no de las competencias, desde luego de las preocupaciones propias de un sindicato de trabajadores en el sector público (…) Posiblemente más que ningún otro sujeto colectivo, en el sector público los sindicatos deben velar por la prevalencia de los fines colectivos de la institución sobre cualesquier intereses particulares o patrimoniales. Quiero pensar que es a eso a lo que responde el comunicado de la Federación de enseñanza de CC.OO.: si es así, revela una conciencia del valor y el sentido de la virtud política, única fuente de legitimidad para que un colectivo particular pueda aspirar a representar el todo, y no simplemente a una parte —en este caso a los trabajadores— en el ámbito del sector público, que es aquel que nos atañe a todos.

(…) Desde luego el plagio del ex rector Suárez era claramente un asunto laboral, a pesar de que la prensa logró pronto que se desenfocase, siendo reorientado hacia lo secundario: pues lo que en primer término se dirimía no era si un plagiario puede ser o no rector —asunto que remite a procesos electores y coaliciones de gobierno de una universidad — sino si se debe permitir a un académico que urde su carrera profesional por medio del fraude trabajar en el sector público de la I+D. Pues lo que finalmente le había permitido presentar su candidatura a rector era el estatus —primero de titular, más tarde de catedrático— obtenido por medios bajo sospecha. Esta cuestión es directamente laboral: lo es tanto o más que la escala de movilidad funcionarial y el nivel salarial del personal docente e investigador de las universidades públicas, ya que estas en última instancia se miden por medio de las evaluaciones de que son objeto los profesores e investigadores y que les acreditan para el acceso y la promoción laboral, incluso para la obtención de complementos retributivos. En las cuestiones de evaluación de méritos está realmente “lo laboral” en el mundo de la I+D, lo que atañe al universo del trabajo y los trabajadores.

(…) En este caso el final de la historia fue realmente decepcionante: una vez que el rector Suárez aceptó no volver a presentar su candidatura a unas nuevas elecciones, el asunto de su posible trayectoria fraudulenta de largo plazo decayó en la prensa (…) lo que no se explica es que dejase de ser de interés para los sindicatos locales, si es que realmente alguna vez llegó a serlo (…) De hecho, en la medida en que no velen por evitar el desarrollo de trayectorias profesionales fraudulentas como la imputada al exrector Suárez, dejan la sospecha de estar contribuyendo a que la corrupción constituya una práctica soterrada en el funcionamiento de las universidades públicas y el CSIC; aunque sea de manera táctica, o precisamente por dejación (…) Y ello debiera suceder a todos los niveles, empezando por las agencias de evaluación, cuyo control de calidad debería ser prioridad para los sindicatos.

(…) En realidad el asunto es más complejo: cuando digo que las cuestiones de evaluación debieran ser de interés primordial para los sindicatos que operan en el sector público, lo hago no solo porque los representantes de los trabajadores deban velar por la integridad de la institución y sus fines colectivos por encima de los particulares —lo que implica situarse a menudo más allá de los de sus representados, los trabajadores— sino porque en el sector público los sindicatos se enfrentan a una tensión muy superior a la que se da en el sector privado acerca de a quién y a quién no representar, o qué jerarquía de prioridades establecer entre sus representados. Máxime cuando se trata, como es el caso, de un sindicato que dice ser “de clase”.

(…) En efecto, todos son trabajadores por igual, asalariados del Estado: los altos cargos de las instituciones públicas, los nombramientos “a dedo” derivados de una mayoría parlamentaria, los cargos electos de una universidad y los trabajadores menos especializados incluyendo bedeles y el personal de administración menos cualificado. En suma, lo que en el sector privado está dividido—un empresario puede contratar o promover a puestos de responsabilidad o gerencia a particulares independientemente de su cualificación—, no lo está en el público, por no hablar de la divisoria de partida entre empresarios y trabajadores, que en el sector público está completamente diluida (…) Esto conlleva una responsabilidad para los sindicatos muy superior si no quieren terminar ejerciendo de lo contrario de lo que dicen ser.

(…) Si al leer la dichosa frase me ha venido a la cabeza Aulo es porque hace poco me escribió un mensaje en el que, al relatarme que se había presentado a un contrato de ayudante doctor, me confesaba que la mayor sorpresa que se llevó no fue saber que la plaza se la habían dado a la candidata apoyada por quien presidía la comisión —de esas “sorpresas” lleva ya varias en los últimos tiempos— sino enterarse de que de los miembros de la comisión hay uno que se escoge en representación de los trabajadores, y que suele ser un delegado sindical.  Me extrañó que no tuviera conocimiento de algo tan elemental, que deriva de la lógica de democracia corporatista: el derecho de los trabajadores a representación en el seno de las organizaciones económicas con el fin de velar por la gestión de bienes públicos, en este caso el buen desenvolvimiento de las comisiones de contratación, haciendo que sigan los procedimientos legales y evitando el predominio del interés particular y el tráfico de influencias entre los restantes miembros de la comisión.

El mensaje de Aulo dio lugar unos días después a un intercambio por Skype, que te transcribo.

José Martínez:[…] ¿Pero es que no sabías que uno de los miembros lo es en calidad de representante de los trabajadores?

Aulo Casamenor: Sí que lo sabía, sí: lo que no me esperaba es lo que me encontré…

J.M.: ¿Qué te encontraste, pues?

A.C.: Bueno, no es que me esperase a alguien del personal administrativo y de servicios… pero es que el representante sindical en este caso era un catedrático.

Me quedé muerto, por un segundo desorientado, aunque terminé reaccionando:

– «¡Ostras, el representante sindical un catedrático!»

Y él aclaró aún más:

– «Catedrático como la presidenta, y de la misma facultad; no del mismo área, eso hubiera sido excesivo, pero un colega de la misma edad, el mismo perfil, casi la misma formación, la misma trayectoria…». Y ya le dejé seguir: «No sé si de la misma orientación política, pero desde luego cercano, además de ser el representante sindical de ella y de los demás miembros de la comisión».

– «No me cuentes más: ya veo el cariz del asunto. Bueno, Aulo, es lo que hay: tampoco es que haya que ponerse suspicaz ni “conspiranoide”: la plaza pueden haberla amañado de cualquier otra manera».

– «No, ya, eso lo sé, pero el asunto me ha dado qué pensar: ¿tú te imaginas a jornaleros del campo siendo representados en sus reivindicaciones por sus capataces, los que les dan en la espalda con el látigo y les niegan hasta el permiso para ir al servicio o para comer?»

– «Bueno, no hace falta ponerse así. No todos los catedráticos tienen por qué ser unos déspotas; al revés, sabes que a menudo son bastante menos jerárquicos que muchos titulares, que en cuanto les hacen funcionarios comienzan a descargar sobre los contratados y precarios toda la carga de trabajo que pueden, y los tratan con una displicencia descarada».

– «Sí, perdona, es que a ratos este asunto me sulfura. A ver si te vale más esta analogía: es como cuando en el Antiguo Régimen los vecinos comunes de las ciudades y villas de la Castilla histórica eran a menudo representados en los ayuntamientos por los hidalgos, los que no pagaban impuestos […] Desde luego no es fácil imaginar en ellos mucha sensibilidad hacia unos representados que sí los pagaban […] Lo que eso pone en marcha es en el mejor de los casos una perversa lógica paternalista».

– «Bueno, así surgió el parlamentarismo en Inglaterra en la Edad Moderna: los caballeros y notables locales eran considerados los representantes naturales de la comunidad, independientemente de si eran jurídicamente iguales o distintos a la mayoría de la población…».

– «Claro, y así les iba, no solo dejando que friesen a impuestos al común de los súbditos sino promoviendo activamente desde la Cámara de los Comunes la venta de las tierras comunales […] así lograron expropiar de sus derechos colectivos al campesinado inglés, la primera gran expropiación de la modernidad de bienes comunes en un estado moderno […]».

– «Tienes razón, pero lo cierto es que esas situaciones se dan porque los grupos se organizan por aquello que consideran que tienen en común, y en este caso los sindicatos entienden que la condición de asalariados en el sector público une a los trabajadores del sector, siendo lo único que les diferencia si acaso el pertenecer al personal administrativo o el docente e investigador».

– «Pero esa concepción tiene un límite, ¿no crees? ¿Te imaginas a los pilotos de vuelos reclamando la representación de los azafatos y las azafatas en la negociación con la empresa, o estos y estas a su vez representando a los pasajeros y pasajeras ante los servicios de atención al cliente, con el argumento de que al fin y al cabo todos viajan juntos en el mismo avión? […] Además de las divisorias entre ramas, hay claras diferencias entre tipos y rangos de trabajadores, especialmente cuando unas comportan, además de estatus, poder ejercido sobre otros tipos y rangos de trabajadores».

– «Ya […] El caso es que los sindicatos españoles en el sector público consideran que las diferencias de intereses entre distintas modalidades de empleados son menores que las analogías de fondo entre todos los implicados, en este caso en un sector como el público o el de la I+D pública…».

–  «Acabas de dar una definición que parece la del sindicalismo vertical franquista…»

–  «[…] Eso que dices tiene miga, sí. Mira Corea del sur. Aquí donde yo vivo, los trabajadores no han logrado nunca que se instaure el corporatismo: aquí no hay representación en comités de empresa ni regulación negociada de las relaciones laborales. Todo se juega en forma de conflicto extra-institucional. Y eso produce mucha imposición por los empresarios y el Estado, pero también mucha auto-organización colectiva autónoma de los trabajadores […] Ahora mismo no estamos en una etapa de conflictividad laboral intensa, pero cuando repunta, las que se montan son antológicas».

–  «Y tú mismo dices que es el mantenimiento de esa tensión en torno del conflicto laboral irresuelto lo que está detrás del éxito de Corea en la economía global […] No hace falta irse tan lejos: el asunto es que si no se reconocen los conflictos internos que existen entre los grupos, no hay posibilidad alguna de generar relaciones laborales sanas, basadas en la justicia y la equidad».

–  «Si, la verdad es que en la práctica el modelo del sector público español, incluida la I+D, parece animado por la aspiración a la simple regulación de la paz social».

–  «Al poder de los que ya lo tienen, quieres decir».

Aulo dice haber aprendido de esta experiencia que hay comisiones de contratación en las que el voto del representante sindical puede ser determinante en la resolución final, pues al ser de la misma facultad y orientación ideológica que sus colegas, y además un PDI como ellos, es fácil que se avenga a la baremación que plantea el presidente de la comisión a favor de algún candidato o candidata. Se trataría, claro, de un apoyo con contrapartida pues a cambio el representante sindical, puede contar con que cuando haya contrataciones en su área obtendrá el mismo trato. Y  todo eso sucede sin apariencia alguna de irregularidad, pues ese miembro de la comisión está ahí designado, no como especialista profesional sino en tanto que representante sindical, por otra vía aparentemente ajena […] […] A mí el caso concreto de la obtención irregular de un diploma que nos ocupa me da un poco igual, como en su momento me dio el del rector Suárez; no estoy dispuesto a hacer explotar mi inquina contra un posible corrupto concreto ni creo que por extirparlo se acabe con el problema: al contrario, ese tipo de justicia supuestamente ejemplar, cuando se alcanza, a menudo sirve para dar un respiro cuando no un espaldarazo al enquistamiento de las prácticas corruptas, pues la opinión pública española —tan marcada por los hábitos de la dictadura— ve la justicia como el brazo ejecutor de una Verdad implacable y quasi-trascendente, de manera que a la mínima sentencia condenatoria rebaja el celo y la exigencia ciudadana de virtud.

(…) Lo que me importa es otra reflexión más general acerca de la representación sindical en un mundo en el que el poder —el de dominación y el de explotación económica, los dos— lo ejercen trabajadores asalariados unos sobre otros, como es el caso del sector público en general y el de la I+D en particular.

Hubo un tiempo en que en España los sindicatos en el sector público consiguieron legitimidad argumentando que estaban ahí como mínimo para que se mantuvieran o se expandieran los puestos de trabajo. Desde mucho antes de la llegada de la crisis, y desde luego después, no está claro sin embargo que vengan desempeñando esa función con un mínimo de consistencia: al menos es lo que atestigua la proliferación de profesores e investigadores precarios, con realidades laborales plagadas de irregularidades y abusos cuando no de descarada explotación, que no han encontrado en los sindicatos representantes suficientemente sensibles a sus problemas y dispuestos a priorizarlos en sus agendas, viéndose forzados a acudir a los medios de comunicación por su cuenta o a la auto-organización colectiva para tratar de sensibilizar a la opinión pública y presionar a los equipos rectorales, los gobiernos regionales o los ministerios estatales […]. Es muy difícil que los sindicatos universitarios mayoritarios lleguen a sensibilizarse sobre la dura vida laboral de los profesores asociados y los investigadores precarios cuando están nutridos por funcionarios de alto rango y/o que ocupan puestos de responsabilidad, y cuando en ocasiones incluso son las mismas personas que explotan a esos trabajadores en sus departamentos o equipos de investigación […] De manera más general, la exigencia de cualificación profesional a los representantes sindicales en las comisiones, que parece justificarse por evitar convertirlos en «convidados de piedra», se ha convertido en vía para el control oligárquico de las organizaciones por parte de los rangos superiores de funcionarios.

Pero la quiebra es más profunda. En realidad desde hace tiempo la sospecha es que los sindicatos en el sector público, y desde luego en la I+D, han terminado confundiendo la defensa de los puestos de trabajo, aunque sean mal pagados y de baja calidad, con la defensa de los trabajadores concretos con nombres y apellidos que ocupan un puesto concreto, aunque no estén cualificados. […] Este ejercicio de poder invisible tiene efectos sobre la eficiencia de la I+D española, pero sobre todo sobre la justicia, y empieza a tenerlos sobre la legalidad.

Al permitir a los trabajadores de rangos superiores ostentar la representación del colectivo entero de docentes e investigadores, de los que trabajan ya y quieren promoción y los que quieren entrar a trabajar en la universidad pública y el CSIC, todo el mecanismo de selección y promoción queda pervertido de raíz […]. Los catedráticos y titulares, que ya controlan «por arriba» el gobierno de la universidad y los procesos de evaluación externos a la universidad, también controlan «por abajo» el acceso de los empleados concretos a puestos concretos de trabajo. Visto así, en la práctica se comportan como empleadores, y en ocasiones como empleadores tan descabelladamente malversadores e ineficientes, y tan deshumanizados, como los empresarios responsables de la falta de competitividad de la economía productiva española.

Supongo que esto no deja de ser sindicalismo, y hasta sindicalismo «de clase»: pero de clase dominante, sindicalismo de la patronal. Aunque parece que de momento todo esto «no es un tema laboral».

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