MANOS CORTADAS Y CÁRCELES CON PISCINA

Manos cortadas y cárceles con piscina

Pablo Gastaldi


Cada cierto tiempo ocurre que una noticia del Lejano Oriente de algún pobre infeliz al que le han cortado la mano por haber robado algo llega hasta nuestras pantallas. Si viene con foto para satisfacer al público más exigente (y más curado de espanto), mejor. Arabia Saudí y más recientemente el Estado Islámico son dos fantásticos proveedores de noticias del estilo.

Hace algún tiempo, en Europa, el castigo recaía con furia sobre el cuerpo de los sujetos. La cárcel no existía más que como calabozo, antesala de una serie de suplicios y amputaciones que no necesariamente conllevaban la muerte del condenado. Foucault lo desarrolla en Vigilar y castigar, pero si te va la marcha puedes echarle un vistazo a esta lista.

En algunas zonas de la Tierra como aquellas cuya legislación ha bebido en mayor o menor medida de la sharia o ley islámica, se aplican actualmente penas que recaen sobre el cuerpo. Los casos más paradigmáticos son los latigazos —que castigan la blasfemia, la homosexualidad y el consumo de alcohol y la amputación de miembros —como forma de castigar el robo—, principalmente las manos.

Que en una comunidad tengan lugar este tipo de prácticas es un auténtico horror. Pero por aquello de la paja en el ojo ajeno y porque las condenas unánimes de cuestiones lejanas tienden al aburrimiento, nos resulta más interesante examinar algunas barbaridades que nos quedan más cerca.


 

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En casi todo el mundo (incluidos aquellos países que aplican castigos corporales) la pena legal por excelencia es la prisión. Lo que antes se cebaba con el cuerpo ahora pasa a cebarse con la libertad de movimientos. Afecta a los cuerpos también, claro, pero de forma distinta. Ésta no implica sólo la reclusión durante años (¡AÑOS!) en un centro que se encarga de dispensar unas durísimas condiciones de vida, sino la regulación de prácticamente todo lo que tiene lugar en su interior: horarios de sueño y de vigilia, actividades, comidas, enfermedades, entradas y salidas ocasionales, visitas o incluso llamadas telefónicas.

Aunque la pena refiere a la privación de libertad, existe un consenso preocupantemente extendido acerca de que el aislamiento del entorno (social, laboral, político, familiar) no es suficiente y que las condiciones en su interior tienen que ser duras. Éste es capitaneado por quienes alzan la voz contra cualquier elemento que repercuta de forma mínimamente positiva sobre el bienestar de la población reclusa (los blancos favoritos suelen ser talleres, instalaciones deportivas, piscinas y televisiones en las celdas). Su labor orienta y soporta las políticas más conservadoras a la vez que hace las delicias del cuñadismo más docto en la materia.

Cuando se comienza a cuestionar el papel de las prisiones la principal objeción suele pasar por qué hacer con violadores, asesinos y agresores machistas. Evidentemente cualquier sociedad tiene que defenderse de estos y tantos otros comportamientos cuando no se han conseguido erradicar o prevenir, pero lo cierto es que la cárcel no está pensada para ese tipo de condenas.

Quienes pueblan —a enero de 2016— los centros penitenciarios del Estado español, sin contar Cataluña que tiene su propia administración penitenciaria (no es un tema muy recurrente, pero seguro que aquello que signifique ser una nación implica también el derecho a machacar a los propios presos), son en más de un 60 % personas condenadas por delitos «contra el patrimonio y el orden socioeconómico» y «contra la salud pública».

Salvo excepciones, estos delitos remiten íntegramente a los entornos donde más se sufren las desigualdades sociales, donde por no haber no hay ni utilidad para el mercado laboral, y el robo y el trapicheo suelen constituir una —cuando no la única— forma de sobrevivir. Porque no, la mayoría de población reclusa no está compuesta de ladrones «de guante blanco» o grandes narcotraficantes, ni siquiera de violadores (6 %), condenados por homicidio (7 %) o por violencia machista (7 %), sino de pobres.

El ánimo que guía los sistemas penitenciarios es el de lograr una suerte de «rehabilitación» de quien cae dentro para su posterior «reinserción». La segunda es una locura que nunca se ha tomado demasiado en serio: nadie es tan iluso de pensar que la pobreza se va a solucionar entrando en la cárcel y, para el que tuviera dudas, una tasa de reincidencia del 55 % es un dato que ayuda a despejarlas.

La rehabilitación, sin embargo, motiva la labor de un gran número de iniciativas y de profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, voluntariados) que se desempeñan en el interior de las prisiones. Si bien es cierto que para quienes están dentro desarrollan un papel en muchas ocasiones indispensable, es difícil que sean parte de la solución (a fin de cuentas la pobreza no es algo de lo que poder rehabilitarse, como si se pudiera llegar a decir un día «¡Estoy curado!») en un entorno de encierro, violencia, drogas, depresión, incomunicación, suspensión emocional, abusos de todo tipo y aburrimiento, un aburrimiento que tiende a infinito.

Es por ello por lo que desde algunos ámbitos se defiende que más que rehabilitación, convendría hablar de lo que ocurre dentro de las cárceles como un proceso de incapacitación, de bloqueo de las habilidades sociales necesarias no ya para encontrar un trabajo que permita vivir una suerte de «reincorporación» a una sociedad en un punto distinto del que condujo a la cárcel, sino para vivir de forma más o menos decente en sociedad.

Encerrarla y hacerla enloquecer durante años es una curiosa forma de gestión de la pobreza que, como barbaridad, poco tiene que envidiar a la amputación de una mano a modo de castigo.

En ningún caso se trata de elegir. Plantear la comparación entre el «grado de civilización» de uno u otro castigo cuando se está hablando de escenarios tan brutales solamente trae sabrosas reminiscencias al clásico juego de «¿Qué prefieres: x o comer mierda?», donde la x suele ser algo tan bizarro o más que la segunda opción.

La única forma de salir de ésta pasa por señalar abiertamente que las cárceles no hacen ningún bien ni cumplen ninguna función de «mal necesario» (seguramente ni siquiera para los casos más obscenos repercuta de forma beneficiosa sobre el resto de la comunidad). Por defender que el hecho de que existan no es garantía de sociedades más seguras sino más desiguales, y que quizás la estrategia de combatir la desigualdad encerrándola entre cuatro paredes lleva unos cuantos siglos funcionando para el orto.

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