LAS 5 CRISIS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA

Las cinco crisis de la Universidad pública española

Enrique Maestu


La Universidad ya no es lo que era, o quizás nunca lo ha sido. Tras la aplicación del Plan Bolonia y el azote de la crisis española, esta institución atraviesa un severo cuestionamiento de su actividad en todos los niveles. En estos años se ha desarrollado un discurso público que pone en tela de juicio la pertinencia de mantener un sistema público tradicional de enseñanza superior para dar paso a un modelo de financiación y gestión mixta de la Universidad. Al mismo tiempo, en cada rectorado, facultad y departamento se producen una serie de prácticas, si bien no aceptadas, ampliamente toleradas que han venido a actuar en demérito de su actividad pública. A día de hoy podemos decir que la Universidad nunca ha estado en peor estado y nunca ha sido más necesaria. He aquí las cinco crisis que atraviesa la educación superior en nuestro país[I].

 

Crisis presupuestaria: deuda, estudiantes y comunidades autónomas

Desde que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidiera no hacer efectivo el pago de más de 43 millones de euros que debía abonar a la UCM de 2007 a 2011, las universidades públicas empezaron su peculiar crisis presupuestaria. Después de casi tres décadas de permanente expansión tanto en número de universidades, facultades y titulaciones ofertadas. Los inicios de la crisis actual evidenciaron que, a pesar de que cada vez eran más las personas que accedían a los estudios superiores, existía una estructura que había florecido toda ella en tiempo de bonanza económica y cuyo sistema de gobernanza todavía no había soportado un periodo de contracción presupuestaria severa.

Así pues, las universidades españolas modificaron en el año 2010 el reglamento que posibilitaba pagar el 50% o el 100% en las segundas y terceras matrículas, posibilitando así la posterior reforma recaudatoria del ministro José Ignacio Wert que en sus dos primeros años al cargo del ministerio encareció un 66% el precio de los estudios superiores. Sin embargo, desde el año 2008 las tasas de matriculación venían subiendo por encima del IPC. Que los alumnos paguen más no significa que la Universidad tenga más dinero. Cada universidad recibe de la comunidad autónoma correspondiente un presupuesto basándose, entre otras cosas, en el número de alumnos que tienen. Al pagar más los alumnos, la comunidad  ahorra en el capítulo presupuestario dedicado a las universidades. La legitimación de esta acción, en principio, debería tener un carácter excepcional motivado por  la situación de emergencia que vivieron las autonomías en el periodo 2010-2014, teniendo que asimilar un plan de ortodoxia fiscal  a consecuencia de un nivel de endeudamiento desorbitado. Sin embargo, este problema fiscal aparentemente relegado a las balanzas contables ha tenido unos efectos negativos todavía imponderables sobre una generación de estudiantes y todo un sistema de investigación. Si en un contexto en el que aumenta drásticamente el número de jóvenes sin trabajo hasta alcanzar el 56% y en el que se da una bajada de la renta de las familias se sube el precio de las matrículas universitarias, se sigue lógicamente que el sector más golpeado por la crisis perderá la posibilidad de continuar sus estudios a no ser que un organismo regulador, como por ejemplo el Estado, actúe garantizando el derecho a la educación con medidas que no necesariamente tienen que ver con el endeudamiento público.

A día de hoy la crisis presupuestaria ha solucionado la crisis de liquidez gravando matrículas y servicios, recortando en investigaciones propias y limitando la renovación de infraestructuras. Todas estas medidas  han estado destinadas en todo momento a establecer un equilibrio contable de cada universidad, es decir, a no endeudarse más. Sin embargo, no parece entreverse, a corto plazo, una solución a las deudas históricas que algunas instituciones de renombre acumulan desde hace décadas. A medio plazo, si seguimos inmersos en este panorama de ortodoxia presupuestaria, las universidades contaran con partidas cada vez más ajustadas y exiguas, por lo que la entrada de capital privado se asentará definitivamente  para suplir servicios como becas o programas de investigación que la administración restringirá progresivamente. Un callejón sin salida aparente que sólo admite cambiar las reglas del juego para salvar la institución, a medio plazo.

 

Crisis de las titulaciones: ¿qué ocurre cuando un título no da un trabajo?

Las revistas de negocios y los artículos dominicales de la prensa escrita se encargan de recordárnoslo cada mes: «Las profesiones del futuro no tendrán nada que ver con las carreras que se ofertan en la Universidad». Esta invitación al pragmatismo nos invita a olvidar todo aquello que no nos sirva para un trabajo, y sitúa el lugar del aprendizaje en el lugar que disputa a la Universidad la creación de conocimiento, esto es: la empresa.

No se trata de darle la razón a quienes dicen que, para tener derecho a un salario, los ciudadanos debemos de estar constantemente actualizando nuestro currículo y formándonos, sino de constatar un hecho que se venía produciendo desde el inicio de siglo y que se extendió al desencadenarse la crisis global de 2008. Y es que son cada vez menos los jóvenes españoles que acaban trabajando en lo mismo para lo que estudiaron, y menos aún son los que trabajan de seguido hoy en día. Más allá de que debido a la crisis encontremos a arquitectos sirviendo hamburguesas en Londres o estudiantes de ADE limpiando oficinas por las noches, lo cierto es que la mayor parte de nosotros trabajamos en algo completamente distinto a lo que hemos estudiado y eso no tiene por qué ser malo mientras te paguen por ello. Entonces, ¿para qué sirve estudiar una carrera que no forma profesionales técnicos? Sólo quien sea verdadero neoliberal diría que estudiar una carrera universitaria, que no cualifica directamente para un puesto de trabajo, no tiene ninguna utilidad. Quien acciona botones en una máquina sabe los resultados que se producirán, pero no cómo funciona la maquina ni cuáles serán las consecuencias de dicha acción. Estudiar, además de adquirir competencias en una disciplina, es aprender a pensar. Sí, ya sabemos que no trabajaremos justo en lo que estudiamos porque el mercado laboral cambia cada vez más rápido por los avances tecnológicos y la distribución social del trabajo, ¿por qué querer cambiar permanentemente la oferta de titulaciones modernizando los nombres si el contenido sigue siendo el mismo? La presión que el mundo de la empresa realiza para abaratar costes de formación de los trabajadores son las prácticas no remuneradas una vez terminada la carrera, pero también la presión de los lobbies —Aneca mediante— para introducir estudios de posgrado y titulaciones orientadas en exclusiva a saber cómo rellenar una hoja de Excel con balances contables o saber qué tribunal juzga qué materia. Aceptar que ahora debemos estudiar en exclusiva aquello que nos cualificará en el futuro como capaces trabajadores o emprendedores es caer en el error de aquel que cree que el camino más corto es el más fácil. Las mejores decisiones nunca se han tomado siguiendo un protocolo, ni las mejores pinturas son una exclusiva repetición de lo anterior. Necesitamos formarnos en qué queremos ser, pero nunca olvidar el cómo queremos serlo. En el «cómo» reside una decisión ética, creativa o sagaz que siempre será más definitoria que tomar decisiones en base a un manual de actuación. Pensar que, por cambiar el nombre de las cosas, éstas dejaran de ser lo que son para ser nuevas y atractivas es confiar demasiado en que, cuando nos hayamos hecho expertos de lo nuevo, lo nuevo se haya vuelto viejo.

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Crisis en la investigación: historia de un éxodo reciente

Un sistema de investigación nacional sirve, en primer lugar, para que las estructuras de un Estado puedan modernizarse y actualizarse a través de los ministerios mediante los aportes que las universidades e institutos especializados llevan a cabo. Cuando hablamos de modernización nos referimos  tanto a las innovaciones tecnológicas y epistemológicas de carácter científico —natural,  como pueden ser fármacos, algoritmos o formas de construcción ecosostenibles; o como al desarrollo de nuevas doctrinas en el derecho, estudios sobre la población de un país,  formas de contar el pasado o de tratar de mejorar el presente—. El Estado es quien aprueba las leyes que otros escriben, permite la distribución de alimentos que otros cultivan y cura las enfermedades que otros tenemos. Quien se beneficia de la investigación es el conjunto de ciudadanos que la hace posible mediante el pago de impuestos por mediación de la actividad del Estado que, a consecuencia de la existencia de un sistema de investigación público, puede trabajar en la mejora y resolución de los problemas de una población. De ahí que la tan manida frase que dice que por cada euro que se destina en investigación se producen cuatro euros de beneficio en la sociedad tenga sentido, aunque sea sólo a efectos macroeconómicos.

Investigar era imprescindible para que un país siguiera mejorando sus sistemas de bienestar y la calidad de los servicios educativos, sanitarios y ciudadanos. Sin embargo, nuevamente la crisis económica, que reveló la debilidad del sistema de investigación nacional construido durante veinte años con pies de plomo y que ya acumulaba varias generaciones de investigadores y proyectos, disolvió como un ácido voraz este floreciente artefacto que comenzaba a ser reconocido internacionalmente por sus logros. En cuestión de dos años miles de investigadores compraron billetes de avión al extranjero para poder seguir sus carreras. El CSIC perdió más de mil trabajadores desde 2011 y con el gobierno de Rajoy su financiación se redujo en un 91%. Las consecuencias de que se dejase de invertir en investigación no sólo afectaron a los investigadores, sino también a la generación que estaba por entrar en la investigación y que llevaba años preparándose para ello. Hubo quien intentó protestar ante esta debacle con la Marea Roja o la Carta por la Ciencia, en donde se exponían los riesgos derivados de dejar de invertir en investigación. Pero parece que a Montoro por aquel entonces le preocupaba más el saneamiento por amputación del déficit público que la pervivencia de un estado social basado en la innovación y la investigación.

No obstante, para ser justos con la realidad, decir que el sistema de investigación previo a la crisis era formidable sería faltar a la verdad. Los sistemas de acreditación de la Aneca, creados tras la Ley Orgánica de Universidades (LOU), seguían permitiendo que los mismos grupos de poder que operaban entre el funcionariado universitario mantuvieran una influencia alícuota en las revistas de investigación, asignación de proyectos y promoción de docentes.

Parece que la disyuntiva cae de nuevo en manos del político. La crisis de la investigación tiene dos salidas. O bien la tendencia actual continúa y es la iniciativa privada la que tendrá el papel  principal en la investigación y se termina de instaurar el paradigma de lo útil y lo beneficioso frente a lo público y común. O bien el próximo gobierno opta por recuperar un modelo de desarrollo de la investigación nacional  tratando de recuperar los elementos supervivientes de esta debacle y edificando un sistema de investigación que carezca de los vicios del sistema anterior. La decisión es política, pero para nosotros la respuesta es obvia.

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Crisis en el profesorado: PowerPoints, bibliografía y planes de estudio

Prácticamente de los que hoy estudiamos en la Universidad —o hemos pasado por ella  recientemente— hemos tenido la suerte de no toparnos por el camino con un docente que no desempeña su trabajo. El tópico de los apuntes amarillos de los años setenta como forma de dar la clase no ha desaparecido de las aulas y, si bien todavía siguen dando clases catedráticos que no saben teclear en un ordenador, la generación de los profesores amantes del PowerPoint ha conseguido encontrar la técnica perfecta para maquillar la obsolescencia de los contenidos y la mediocridad de sus técnicas pedagógicas. Existen estilos diferentes de enseñanza y aprendizaje, además de que hay personas que consiguen transmitir mejor de manera natural que otras, y, sin embargo, aquello que jamás podríamos permitirle a un profesor de la enseñanza superior es que no estuviera al día de aquello que debe enseñar. Cualquier estudiante de ciencias sociales  habrá encontrado que en los programas de estudio la bibliografía sugerida o bien es del propio profesor o bien tiene más de tres décadas de antigüedad, fecha que casualmente coincide con la publicación de la tesis doctoral. Ciertamente en algunas materias la bibliografía no se renueva en tan poco tiempo, pero en otras sí y he ahí el problema.

Si hablamos de una crisis pedagógica universitaria tenemos que distinguir dos planos. De una parte quedarían todas aquellas prácticas aquiescentes para con el desempeño de la labor docente, que al producirse actúan en detrimento de la calidad de la formación de los alumnos y socavan la legitimidad de la institución. Se trata de un conjunto de prácticas individuales tácitas, nunca verbalizadas y muy raramente sancionadas por las autoridades académicas que entienden que a ellos no les compete realizar tal labor de control. El otro plano de la crisis pedagógica surge del proceso de una aplicación parcial y defectuosa del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que preconizaba una revolución en los métodos de enseñanza con nuevos estilos de transmisión del conocimiento y la introducción de las nuevas tecnologías dentro del agua, para olvidar definitivamente la denostada clase magistral del vetusto catedrático. Tal reforma fue tan revolucionaria que de un solo salto consiguió que ahora fueran los alumnos quienes se ocupaban mediante exposiciones de dar cuenta de parte del temario de la asignatura; y las nuevas tecnologías vinieron a salvar al estudiante medio: ahora ha adquirido competencias en el mercado, sabe hacer PowerPoints y encontrar información en Wikipedia. Un salto de 360 grados para caer en el mismo lugar y no haber solucionado el problema sino agravarlo. Infantilizar al alumnado de la enseñanza superior permite que siga en marcha ese viejo canto de sirena que retumba en las paredes de las facultades: «Tú haces como que estudias y yo hago como que te apruebo».

De un lado, tenemos una serie de conductas que contravienen los fundamentos de una ética laboral  y que de no ser parte de la función pública  constituirían una causa objetiva de despido. Y, de otro, nos encontramos con que los planes de estudio cada vez adaptan los programas de estudios y procedimientos para alumnos a los que se presupone una cierta «minoría de edad intelectual» en  vez de ser tratados como ciudadanos de derecho. A resultas de estos dos planos que se entrecruzan en cada clase, en cada hora de biblioteca y en cada trabajo entregado, se instaura una nueva ética que ya no encuentra razón de ser en la transmisión, sino en el consumo de conocimiento como un objeto intangible que se materializa en una línea de letras en el inicio de un currículum. Cuando se consume conocimiento buscando un estatus, el contenido se banaliza y, con él, tanto las acciones de enseñar como las de aprender. La imperiosa y acuciante necesidad de acreditarse en relación a un currículo laboral olvida que el fin de unos estudios es la adquisición de competencias del modo más completo posible para poder desarrollar posteriormente una vida laboral. No estamos  diciendo aquí que la Universidad española de hoy en día actué de la misma manera como elevador social entre clases, la crisis española ha dinamitado ese modelo  dando lugar al nacimiento de un régimen de trabajo temporal y precario. Nuestro argumento más bien avanza en pensar que, cuanta mejor formación reciban los estudiantes universitarios, mejor podrán desempeñar su trabajo posteriormente y, por tanto, todas esas prácticas institucionales y docentes que actúan en la dirección contraria tienen un valor mayor que cada caso individualmente considerado. Tomadas todas ellas forman la percepción de que la Universidad es algo defectuoso, que, si bien una vez funcionó, ahora lo hace a medias y cuya utilidad, más allá del eventual prestigio social que pudiera reportar, cada vez es menor.

Si la Universidad se convierte en un mercado de titulaciones y acreditaciones habremos permitido  que la Universidad pública olvide qué es aquello que hace semejante los estudios de Ingeniería, Filología o Farmacia. La Universidad ha sido desde su fundación, y ante todo, una escuela de ciudadanía. Un espacio para conocer a otros semejantes, para discutir, opinar y diseñar soluciones a los problemas que afectan a un pueblo, pero también para construir derechos y controlar a quienes gobiernan las instituciones. La Universidad pública es el garante de que su acción debe de estar orientada al bien común de todo un pueblo. Esto quizás debería de recordarlo más de algún profesor, algún alumno y algún que otro ministro.

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Crisis de cooptación: la democratización que nunca llegó

En el libro de reciente publicación El cura y los mandarines Gregorio Morán nos aporta luz a un retrato de las transmisiones intergeneracionales que se producen entre los académicos de pro, sus séquitos y sus vínculos con el poder político. La evidencia que Morán explicita es que en la Universidad ha habido mucha repetición pero muy poco cambio.

Una de las demandas del movimiento estudiantil durante la transición española fue la democratización de la Universidad. Los entonces estudiantes antifranquistas  pedían eliminar el control político en las universidades y los jóvenes profesores no numerarios (PNN) abogaban por la creación de un cuerpo único del profesorado. Hoy, cuarenta años más tarde, los estudiantes de la generación de Mayo del 68 se miran al espejo como catedráticos que, después de cuarenta años de actividad, no sólo no han promovido la reforma que entonces consideraban irrenunciable sino que además han reproducido en sus actividades los mismos comportamientos de la Universidad franquista. De nuevo mucha repetición y poco cambio. La transición española se quedó en la puerta de los departamentos y no se atrevió a entrar. Por eso a día de hoy los profesores jóvenes preguntan cuando sale una plaza para un departamento: «¿Tiene bicho?», en referencia a si es una plaza ad hoc convocada con un seleccionado de antemano. Por eso es más fácil llegar a ser concursante de Gran Hermano que llegar a ser profesor universitario sin un padrino. Por eso algunos profesores siguen manteniendo el espíritu de «Usted no sabe quién soy yo» en sus clases. O, por la misma razón prácticamente, no existen mecanismos para que un alumno vea atendidas sus reclamaciones en una asignatura. La generación de los revolucionarios demócratas lo ha dejado todo tan atado y bien atado como su antiguo dictador. Pobre de aquel que busque contradecir la doctrina, el método o el relato: se encontrará con todo el peso de la institución que trabaja en beneficio de unos pocos. Esto lo saben mejor que nadie aquellos que han tratado de investigar la transición española o recientemente el movimiento 15M.

Por eso, democratización no es una palabra vacía o un brindis al sol. Significa sacar a la luz todo aquello que lleva demasiados años sucediendo siendo promovido desde las cátedras, permitido por la institución y pasivamente aceptado por los alumnos. Democratizar tiene que ver con la transparencia y con el fin de los grupos de poder político de los partidos del régimen dentro de las facultades. Democratizar tiene que ver con retomar la promesa que la casta universitaria olvidó. Y es que la educación es un asunto demasiado serio y tiene demasiado que ver con el futuro del país como para seguir pensando que los responsables de la formación de los profesionales que asegurarán los derechos sociales con su trabajo tienen derecho a jugar impunemente con la formación de generación tras generación.

 

¿Qué nos cabe esperar?

Parece que no soplan vientos de grandeza para las facultades españolas, cada una de estas crisis tiene una forma de ser diseccionada pero ocurren todas al mismo tiempo y cada día. Las aulas se llenaron de tablets y móviles que juegan al Farmville mientras pasan los años hasta obtener el título. Y, mientras, un disperso movimiento estudiantil se estrella contra la negativa de un ministro a entablar cualquier tipo de diálogo. Parece que estudiar ya no mereciera la pena  y que la batalla estuviera perdida tiempo atrás. Cuando estos pensamientos vengan a su cabeza, recuerden que, si bien no es rentable invertir en educación, es todavía más inútil invertir en ignorancia y que hay pocos momentos tan placenteros como una buena clase, descubrir un libro que te enamore o por fin entender cómo funciona una ecuación, una ley o la sociedad. Quizás, deberíamos empezar a recordarnos lo que no hemos olvidado todavía, y contarles a los demás que las cosas pueden ser de otra manera.

[I]  Es necesario remarcar en mayúsculas que, cuando nos referimos a los docentes, no nos referimos a todos los docentes sino a un plural genérico, al tratarse de actitudes ampliamente repetidas en la geografía universitaria española. A pesar de todo, en las facultades trabajan docentes que desempeñan no solamente de forma correcta su labor, sino que consiguen ser verdaderos referentes intelectuales para sus alumnos.

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