LA FÁBRICA DE LA CASTA

La fábrica de la casta

 Pablo Sánchez León


Por fin ha ocurrido. Es verdad que de momento ha pasado más bien desapercibido, y puede que aún tarde tiempo en saltar al centro de la discusión política sobre las raíces de la crisis y las causas de la corrupción; pero ya ha sucedido. El 1 de octubre de 2014, el blog «Contrapoder» de eldiario.es —en el que escriben Ada Colau, Gonzalo Boye y otros autores que se autodefinen como «activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical»— acogió un texto del profesor universitario y bloguero Rafael Escudero. Su título es bien expresivo: La casta universitaria, ayer y hoy. Puede haber usos anteriores, pero esta es la primera vez que un diario de gran tirada acoge una reflexión sobre la universidad desde el lenguaje de «casta» que Podemos ha puesto sobre la mesa, modificando en profundidad al hacerlo las tradicionales maneras de enfocar los problemas de la democracia española.

El profesor Escudero no duda en denunciar que la misma casta «que se ha implantado en todos los aspectos de la vida pública y de sus instituciones» lo ha hecho también en la Universidad. Denuncia así la proliferación de grupos «dirigidos por uno o varios catedráticos y fuertemente jerarquizados» que controlan la toma de decisiones tanto en los rectorados como en las consejerías de educación, de manera que «la carrera profesional de un docente o investigador universitario depende en gran medida» de su lealtad a estos grupos pequeños bien organizados que sintonizan con los poderes políticos de turno. Ofrece además una explicación histórica a largo plazo, argumentando que, tras el franquismo, la Universidad «no varió sus tradicionales estructuras de poder», de manera que «no se produjo el necesario cambio en las culturas o formas de actuación propias de la dictadura a las que deberían presidir un sistema democrático». El artículo arremete especialmente contra organismos como la ANECA dedicados a la evaluación de la docencia y la investigación, los cuales «[a] pesar de la imparcialidad, neutralidad e independencia de las que suelen presumir quienes las diseñan o dirigen» funcionan más bien como auténticos «cortijos» supeditados a decisiones políticas grupales o externas. Tras subrayar que se trata de «uno de los espacios laborales menos permeables al control sindical que existen en la actualidad», reclama que la Universidad no quede «al margen del espíritu democratizador, inclusivo y constituyente del 15-M que preside hoy las demandas ciudadanas», lo cual en la práctica pasa desde su punto de vista por evitar que en futuras elecciones para renovar los equipos rectorales «ganen y manden los de siempre, los que vienen gobernando la universidad española con prácticas escasamente democráticas desde hace ya demasiado tiempo».

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Es desde luego digno de reconocer el esfuerzo efectuado para traducir al público la podredumbre que preside una parte en general olvidada de la crisis del sistema. No obstante, el texto se queda un poco corto en alcance. La casuística de la corrupción universitaria es de hecho mucho más extensa y compleja de lo que denuncia el profesor Escudero. Existen para empezar abundantes casos de docentes e investigadores que han hecho toda una fortuna combinando la actividad académica con una «segunda naturaleza» como empresarios privados, aprovechándose para ello del capital social amasado en el sector público— en forma de contactos, información privilegiada, redes… Pero el grueso de la corrupción en la docencia y la investigación no se plasma en grandes pelotazos, pues está producida por un tipo de «puertas giratorias» diferentes a las que vienen siendo denunciadas entre cargos políticos y consejos de administración de grandes empresas, aunque no por ello menos insidiosas: además de la promoción interna y los nombramientos y ascensos a puestos clave en el diseño de la I+D sin garantías de cualificación, está todo el universo de contratos con fundaciones institucionales y de partidos, asesoramiento a empresas culturales, tribunas de opinión en régimen de cuasi-propiedad, etc. Asistimos, en suma, al control oligárquico por parte de grupos de académicos, no necesariamente liderados por catedráticos, de la distribución del gasto público en docencia e investigación y en general de la toma de decisiones en todos los espacios relevantes de reproducción de la cultura consensual y elitista desplegada desde la transición.

Pero hay mucho más. El artículo de Rafael Escudero llama la atención sobre la existencia de una casta dentro de la Universidad, pero pierde de vista que, en buena medida, es más bien esta la que, desde los años setenta, viene funcionando como la fábrica de la casta española en todos sus ámbitos, económico, político y cultural. Por mucho que exista una cierta continuidad en las grandes familias de poderosos en el siglo XX, el grueso de la clase política, del empresariado y de los profesionales liberales de la España posfranquista se han cualificado en la universidad. En particular, la generación que hizo la transición, esa que ahora está tan en el candelero, es impensable sin la Universidad como exclusivo suministrador de avales profesionales y de especialización de los gestores financieros, empresariales y culturales, amén de principal expendedor de carnés de respetabilidad y estatus social para el grueso de los profesionales de cualquier rama de actividad. Se trata de una generación cuya marca de identidad colectiva es la cualificación universitaria.

La singularidad de la relación entre Universidad y casta es por tanto que reproduce a la casta en sentido más amplio y, a la vez, se ha venido reproduciendo a sí misma como casta específica entre los profesores universitarios e investigadores. Esta es la complejidad del caso, que no queda en absoluto agotado, sino apenas entreabierto con el artículo de Rafael Escudero. El autor da en el clavo al afirmar que las diversas reformas de la Universidad y el CSIC, lejos de transformar las lógicas de distribución de recursos escasos, «[h]an supuesto un reforzamiento del poder de quienes ya lo tenían», pero no ofrece claves suficientes para comprender cómo es que esos hábitos de casta se han enquistado en el tiempo.4522681554_10939532e4_o

Parece, es cierto, venir a señalar que tras este fenómeno lo que hay es un problema de cultura grupal, corporativa, una serie de hábitos compartidos, pero lo que necesitamos es explicar por qué, por mucho que procedan originariamente de épocas anteriores a la democracia, se siguen manteniendo después, retroalimentados por la aceptación de prácticas corruptas por nuevas hornadas de profesores seleccionados por mecanismos que, sin ser ilegales, no soportarían el escrutinio público. En suma, el problema parece más bien de opacidad, de falta completa de transparencia en relación con una serie de prácticas convertidas en usos tan convencionales que no resulta fácil, no ya sustraerse a ellas, sino siquiera definirlas como lo que son: prácticas de corrupción impropias de una sociedad democrática que antepone en las instituciones la virtud a los fines espurios de minorías.

Vistas así, las soluciones que reclama la Universidad han de ir más allá de superar el déficit democrático en los cargos electos en las instituciones de gestión, y de promover la participación de la comunidad en los procesos políticos y la rendición de cuentas entre los representantes, como propone Escudero. Su recetario de alternativas parece un poco de más de antes de la crisis, centrado en deficiencias del funcionamiento de las instituciones, pero sin ver la institución realmente inserta en el tejido social e institucional en su conjunto. Es, en este sentido, llamativa la ausencia de referencias a la terrible situación de los estudiantes, con enorme diferencia el colectivo más abundante de la universidad y el que sin duda más está padeciendo los efectos de la crisis, con un aumento exponencial de los precios de un servicio que se presta algo más que deficientemente.

Por su doble condición de casta y fábrica de casta, la de la Universidad española no sólo es perjudicial a los estudiantes, sino al conjunto de la sociedad. El diagnóstico de Escudero, sin embargo, apunta menos hacia la corrupción y más bien denuncia una recurrente tendencia al despotismo caprichoso dependiente en última instancia del partido de turno. No plantea tampoco soluciones de democracia radical. Por poner un ejemplo, si se permitiera a los estudiantes intervenir políticamente, no ya para designar rectores, sino para contribuir a discriminar profesores que sistemáticamente incumplen sus obligaciones o carecen a ojos vista de la preparación suficiente pero se mantienen blindados por su condición de funcionarios, se estaría avanzando en la dirección que la profundidad de la crisis reclama: la de convocar a la comunidad académica entera, y no sólo a unos sindicatos que llevan décadas haciendo seguidismo de las lógicas de corrupción, para abrir seriamente la discusión acerca de los usos inadmisibles, las herencias mantenidas y los privilegios reproducidos por minorías.

El interés del artículo de Rafael Escudero no reside por tanto, en su contenido crítico o alternativo. ¿Por qué entonces comentarlo más allá de que se trata de un texto pionero en la conexión entre la casta y la Universidad? El principal valor de esta contribución reside en el hecho mismo de que un miembro reputado de la comunidad académica señale ante la opinión pública la corrupción dominante en su entorno laboral, un medio en el que los usos imponen el silencio propio de la omertà mafiosa. Más que como certero y profundo analista, Rafael Escudero merece como ciudadano el reconocimiento de un acto cívico valiente, pues en plena ofensiva neoliberal se ha atrevido a dejar claro que el principal problema de la Universidad y el CSIC no son ni mucho menos los recortes, por inadmisibles que estos resulten, sino la distribución opaca, oligárquica y profundamente sesgada de recursos públicos escasos, en este caso nada menos que los que permiten el avance del conocimiento experto indispensable para el desarrollo económico, social, político y cultural.

Por fin ha sucedido. En realidad, habría que decir que ya era hora. Ya era hora de que se señalase a sectores del profesorado y los investigadores de este país como parte de la casta. Porque hasta el momento la escasa denuncia de la corrupción universitaria ha corrido más bien al margen de la gran oleada de escándalos públicos. De hecho, la conexión entre la Universidad y la reproducción de todo el entramado cultural de la democracia —la famosa CT o «Cultura de la Transición» de la que ahora se habla— está por describir. Y eso es algo preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que los líderes de Podemos son todos ellos miembros del sistema académico, profesores e investigadores del sistema de I+D. Sería bueno que confirmasen que en su opinión existe también una casta académica, y que hablasen de su función en la crisis de la democracia española. No vaya a parecer que todo su ímpetu democratizador y su apuesta por abrir la participación colectiva y por denunciar los mecanismos de la casta, se detienen ante la institución en la que se han formado y en torno de la cual han construido su condición de líderes políticos con ambición de transformar y superar la corrupción y la crisis en bien de todos.

 

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